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La frontera no es
tierra de nadie

Quienes
bloquean la frontera entre Colombia y Venezuela son los traficantes de
alimentos y gasolina que se niegan a pagar un peaje de tan solo 2.000
pesos. El comercio y el transporte organizados, así como las poblaciones
fronterizas, son los perjudicados.

En la larga historia de
vecindad entre Colombia y Venezuela hemos tenido momentos buenos y malos, de
gran integración económica y social y también de diferendos diplomáticos y
políticos, pero lo que siempre han procurado tener claro los gobiernos de ambos
países es que la frontera común no puede convertirse en tierra de
nadie.

Y esto último es lo que
pretenden quienes se lucran del comercio clandestino de mercancías y los
pimpineros, que trafican con gasolina en la frontera y que, para rechazar el
pago del peaje de 2.000 pesos que cobra Colombia, pretenden cerrar, por las vías
de hecho, la frontera común tanto en la puerta principal, por el Puente
Internacional Simón Bolívar entre las ciudades de Cúcuta y San Antonio del
Táchira, como por los pasos fronterizos de Paraguachón en La Guajira,
de Puerto Santander en El Catatumbo y de El Amparo, en
Arauca.

Los disturbios
presentados los días lunes y martes de esta semana, con saldo de varios heridos
por los enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública,
y la quema de varios vehículos y de las instalaciones para el cobro del peaje,
dan la dimensión del conflicto: se trata de un problema de orden público y como
tal debe ser tratado por los gobiernos para imponer el control y restablecer el
paso fronterizo.

No creemos que deba
elevarse a la categoría de conflicto binacional, con intervenciones de ambas
cancillerías, y menos de los presidentes de Colombia y Venezuela, pero sí
consideramos urgente su pronta solución, pues ya van diez días de protestas. Por
eso vemos pertinente la presencia activa, tanto de la Policía, como
de altos funcionarios del Estado colombiano, para escuchar las inquietudes de
los manifestantes, pero ante todo para prestar atención a los problemas
ocasionados al comercio organizado y a los ciudadanos. Lo sucedido muestra ya
niveles de virulencia.
La situación es muy
tensa y, entre quienes habitan poblaciones fronterizas, hay temores de que algo
peor pueda suceder.

Hay que tener en cuenta
además que Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia. Los efectos
económicos de estas turbulencias se harán sentir en ambos lados de la frontera.
Adicionalmente, en nuestro país, decenas de empresarios perderán ventas y
confiarán cada vez menos en un mercado que han abierto en medio de grandes
prevenciones.

El negocio que manejan
los traficantes de bienes y combustibles no puede equipararse con la actividad
que realizan los empresarios de una y otra nación, interesados en que en lugar
de una frontera porosa al contrabando, exista una franja terrestre, abierta y
legal, para el comercio lícito y de doble vía de los productos
industriales.

El peaje que cobra el
Estado colombiano tiene como destino la inversión en infraestructura, como bien
se acepta en muchas carreteras nacionales, pero esto no lo soportan quienes
trafican de manera ilegal entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, separadas por
un trayecto de apenas 30 minutos. ¿Cuántos viajes pueden hacer los
contrabadistas, siempre dependientes del cambio del bolívar frente al peso, para
traer gasolina o productos de mercado por el Puente Internacional Simón
Bolívar?

El lío no se resuelve
eliminando el cobro del peaje, porque se estaría privilegiando o cediendo a la
presión del tráfico clandestino, cuando es justamente el comercio y los
transportadores legales los interesados en que exista un mayor control a las
anomalías que se presentan en una zona limítrofe donde muchos quieren pescar en
río revuelto. Sólo a los amigos de la ilegalidad les interesa una frontera
desestabilizada.

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